ALGUNAS DEFICIENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Sábado 25 de octubre de 2014

PROPÓSITO:
IDENTIFICAR ALGUNAS DEFICIENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

ACTIVIDADES:

1. Realizar la relatoría escrita.

2. Hacer la lectura del tema según las lecturas complementarias.

2.1. 

Valeria Pelaz Cardona

Estudiante de Tercer Semestre de Ciencia Política.

Universidad Pontificia Bolivariana.

valepelaez@hotmail.com

Introducción

Al finalizar el siglo XX la población colombiana se sentía defraudada y abandonada por su Estado, el cual no estaba en la capacidad de responder de manera eficaz y efectiva a los hostigamientos de los grupos insurgentes y de los narcotraficantes, quienes convirtieron a la población civil en su principal blanco. Esto implicó que la autoridad Estatal fuera desafiada al considerarse a Colombia como un Estado fallido, a pesar que este país, desde los comienzos de su historia, ha sido caracterizado por su fuerte legalismo y por el respeto a la democracia. 

En el presente artículo se analizan las razones por las cuales a Colombia se le ha considerado como un Estado débil, aun cuando tiene una gran tradición legalista. A su vez, en el texto se reflexiona sobre el poder que ha tenido la Constitución y su influencia en el proceso de formación del Estado, absolutamente truncado y marcado por la violencia. El artículo comienza con una breve explicación de los factores reales de poder, apoyado en el análisis del libro ¿Qué es una constitución? (Lassalle, 2006), y del normativismo o teoría normativa del derecho[2], la cual postula la superioridad de la norma frente a casos particulares, dejando a un lado, al momento de su estudio, todo juicio de valor tanto ético como político.  

Posteriormente, se da una ilustración de los factores reales de poder existentes en la sociedad colombiana a través de la historia, y cómo éstos incidieron en la formación de cartas políticas que siempre entraron en conflicto con una gran parte de los ciudadanos y en el desarrollo de las guerras civiles. El artículo concluye insinuando que la inestabilidad de las constituciones colombianas ha sido un problema político más que legislativo, pues no han sido incluidos en su elaboración a todos los factores reales de poder, sino que estas cartas se han convertido en instrumentos de las élites para reivindicar su posición de vencedores y de únicos ostentadores del poder político. 

Las constituciones colombianas: los deseos políticos de los vencedores

Colombia es un país con una fuerte tradición legalista en donde todas las discusiones políticas y sociales son solucionadas por medio de la expedición de nuevas leyes y constituciones. Sin embargo, lo paradójico es que desde los comienzos de la formación del Estado colombiano, han surgido y coexistido una característica civilista junto a la violencia ininterrumpida. Esta situación contradictoria puede ser explicada desde los factores reales de poder, que no han sido tenidos en cuenta en la formación del Estado y en la creación de sus instituciones jurídicas.

Los factores reales de poder son los grupos que dentro de una sociedad representan diferentes intereses y luchan por obtener y conservar una posición privilegiada, permitiéndoles condicionar la actuación y la capacidad decisoria del Estado. La suma total de estos factores, cuando se materializan en instituciones jurídicas, son una constitución verdadera y eficaz, pues se da una congruencia entre la realidad y la norma. Pero, por el contrario, si existen dos constituciones diferentes, se desata un conflicto que no permite que haya estabilidad y permanencia de la hoja de papel.

Este conflicto es el que ha vivido permanentemente el Estado colombiano, con ocho constituciones nacionales, diez reformas constitucionales, ocho guerras civiles y cinco golpes de Estado. Desde sus inicios, la Constitución ha sido utilizada como un instrumento de poder de la élite para eliminar a su opositor del sistema político; para ello, se ha implementado una democracia restrictiva que permita crear una organización política que no incluye a las otras fuerzas vigentes con el objetivo de mantener sus privilegios. Las constituciones colombianas no han tenido permanencia pues son sólo la materialización de unos pocos factores de poder y no se integran todos los intereses que existen en la sociedad, convirtiéndola en una constitución injusta que disminuye la legitimidad y autoridad del Estado, contribuyendo a que esos factores que no encontraron acogida en la hoja de papel tengan que luchar por sus intereses mediante otra vía.

El Estado de Colombia es heredero de la ideología santanderista, un pensamiento acorde con el normativismo de Kelsen, que se concibe como un sistema ordenado de normas que se desprenden de una norma superior, donde el poder siempre estará subordinando al derecho. De ahí se derivan sus problemas constitucionales y su estabilidad estatal, pues Lassalle en ¿Qué es una constitución? (2006) argumenta que las dificultades de la constitución no son originadas por la ley sino por el poder, porque la norma superior debe ser producida por la voluntad general, por esas fuerzas que operan dentro del Estado, con la finalidad que todos vean representados y cumplidos sus intereses.

Los factores reales de poder en la historia colombiana han sido variados, pero no todos han estado institucionalizados jurídicamente. Estos factores van desde los dos partidos tradicionales, hasta la iglesia y el narcotráfico.

Los partidos tradicionales

Aunque la cultura política de Colombia ha sido bipartidista, antes de la Constitución de 1991, no se reflejaba un sistema de partidos competitivo sino un sistema con un partido dominante, el partido mayoritario expulsaba del sistema a su opositor y no le permitía una participación en la toma de decisiones, lo que llevó a que el partido y la fracción partidista que no tenían el poder, se embarcaran en una revolución germinada desde las regiones hacia el centro, para debilitar al Estado y reclamar por una participación en el poder.

La iglesia

En la historia colombiana la iglesia siempre ha jugado un papel preponderante. Desde la época de la colonia, funcionaba como una fuerza legitimadora para el gobierno y para sus políticas latifundistas; fue un medio importante para que Bolívar consiguiera aceptación y legitimidad entre el pueblo altamente confesional. Grandes batallas se dieron en el territorio nacional, dado el papel de la iglesia dentro del Estado, puesto que ésta tenía gran poder para movilizar a la población y crear insurrecciones por la creación de cementerios protestantes, por el cierre de conventos y monasterios, y por la educación no confesional. La iglesia con su gran poder de masas fue capaz de modificar, de hacer derogar o remover leyes, ocasionó los antecedentes de guerras civiles y permitió que se llevara a cabo la Regeneración. El unirse al partido conservador, por tener bases comunes de ideología y organización, le permitió a este partido confirmarse como una gran élite y tener un periodo de hegemonía en el poder de 44 años. 

Los artesanos

A finales de la década de 1840 y a comienzos de la década de 1850, los artesanos tuvieron una gran participación en la acción política, a tal punto que su apoyo fue esencial para realizar el golpe militar del general José María Melo en 1854. Esta decisión de apoyar a los liberales draconianos se originó por una constitución en la cual no habían tenido en cuenta a este factor tan importante para la época, pues la constitución se caracterizaba por el libre cambio que afectaría notablemente a los artesanos. Además, hubo también una decisión del ejército de atestar un golpe militar, pues esta institución se reducía a 800 hombres y se eliminaban los oficiales de carrera. Debido a que en esta constitución no se tuvieron en cuenta ni a los artesanos ni a los militares, se ve en peligro su estabilidad con el golpe de Estado y con la guerra civil emprendida por la alianza constitucionalista: los Gólgotas y los conservadores.

Los cafetaleros

Los caficultores son un factor real de poder muy importante en la historia colombiana, pues Colombia, al ser un país dependiente de las ventas de café en el exterior, tuvo que empezar a tener en cuenta en todas sus decisiones, no sólo económicas sino también políticas, a los hacendados cafetaleros. Ellos han tenido un poder tan grande, que les permitió ser el primer gremio económico del país en 1927, y les otorgó posibilidad de establecer que toda decisión tomada por el jefe de Estado y sus ministros, también tiene que ser consultada con el presidente de la Federación Nacional de Cafeteros, ya que las decisiones no podían afectar el comercio y la venta de café y, mucho menos, los intereses de los grandes hacendados del país.

Las guerrillas, paramilitares y narcotráfico

Estos tres grupos son establecidos como factores reales de poder, porque son tres fuerzas que han sido capaces de poner en jaque al Estado Colombiano por hacer hostigamientos a la población, por la perturbación del orden público y de la seguridad, y por la corrupción que generan dentro de las instituciones estatales. Su poder radica en que tienen incidencia directa en la toma de las decisiones del gobierno, porque han influido en la formulación de leyes que vayan acorde con sus intereses y por hacer que la rama judicial emita sentencias que los beneficien (Patiño, 2010).

El gremio empresarial

Con un sistema de mercado globalizado regido por el neoliberalismo, los empresarios han empezado a tener un gran papel en la toma de decisiones de los gobiernos, pues éstas no pueden afectar sus intereses; así, con las políticas públicas se debe favorecer la obtención de ganancias y la acumulación de capital, como también una baja responsabilidad por los desastres económicos y financieros. El gremio empresarial es un factor real de poder, puesto que a la hora de dar garantías a los trabajadores, de aumentar el salario mínimo y los impuestos, se debe consultar a los representantes de las empresas para determinar si estas medidas que son dirigidas a la clase media, sí van conformes a los intereses de la élite económica y no van en detrimento de su capacidad de seguir acumulando capital.

Dentro de este factor también se debe tener en cuenta a las compañías extranjeras que hacen inversión en el país, pues el Estado sacrifica muchas políticas públicas que pudieran generar bienestar social, para poder atraer a los inversionistas y estimular la economía. El problema es que no se tiene en cuenta el interés general al conceder títulos de explotación, al permitir la destrucción del medio ambiente y al no castigar las expropiaciones de tierra, problema que se ve agravado porque no se utilizan los ingresos fiscales aportados por estas empresas para hacer una distribución equitativa y mejorar las calidades de vida de toda la población.

La política en la historia de Colombia se ha caracterizado por ser una política que excluye y propugna por homogenizar a la sociedad, a la vez que la divide entre opositores. Ha servido como instrumento para derrotar y eliminar del sistema político al de ideología distinta. Esto se evidencia en las constantes disputas y guerras entre conservadores y liberales para consolidarse como único ostentador del poder, generando una violencia rural que desembocó en milicias y guerrillas que han mantenido vivo el conflicto por más de 50 años (Palacios et al, 2002). Gracias a esta política de amigo-enemigo (Schmitt,1998) no se pudo dar una centralización del poder y una unificación de intereses entre toda la población, lo que contribuyó a que desde la fundación del Estado Colombiano se formaran instituciones jurídicas y políticas que no reflejaban los intereses sociales, sino los de una minoría.

Esta forma de política también contribuyó a que se descuidaran aspectos importantes del Estado, como la recaudación de impuestos y el control de la totalidad del territorio, dos ámbitos relacionados, puesto que debido a que los gobernantes estaban dedicados más a eliminar a esos otros factores reales de poder, no se preocuparon por consolidar el Estado y llevar sus instituciones a todos los rincones del país. Además, el ejército tenía un papel secundario debido a la cultura legalista antes mencionada, por lo que Colombia nunca contó con un brazo armado fuerte y numeroso que pudiera controlar a toda la población y mantuviera el orden.

Colombia, aunque ya dio una apertura a otras alternativas políticas y a la participación del pueblo con la Constitución de 1991, todavía tiene que reformar su concepción de democracia y entenderla desde la integración política de los factores reales de poder que operan conforme a la ley, pues si se llega a establecer esta democracia, basándose en la justicia social, se puede lograr que al construir una nueva constitución ésta esté en armonía con la realidad.

Conclusión

Colombia a pesar de ser reconocida por su normativismo, ha vivido constantemente en la inestabilidad institucional, ya que desde el inicio de su vida como república independiente, el país se ha enfrentado a desafíos de tinte político como la discusión entre centralistas y federalistas, y, posteriormente, entre conservadores y liberales que provocaron la fractura de la organización estatal e impidieron que la república naciente se convirtiera en un Estado fuerte y verdaderamente independiente.   

La historia del constitucionalismo colombiano demuestra que las cartas políticas no han sido resultado del consenso de la población, sino que han sido producto de los deseos de los vencedores de las batallas entre partidos políticos. Esto trajo consigo la apertura de la brecha entre la constitución escrita y la realidad de la mayoría del pueblo, generando una disminución en la legitimidad y efectividad de la carta política, lo cual impulsó el surgimiento de caudillos regionales y de guerras civiles que conjuntamente contribuyeron a la descomposición de la hoja de papel y por consiguiente al debilitamiento de las instituciones.

Debido a que las constituciones no integraban a todos los factores reales de poder, la crisis institucional se vio materializada a través de los constantes procesos de revolución y contrarrevolución. Revoluciones impulsadas por el partido excluido, utilizando medios violentos, que generaban un cambio drástico en la estructura del Estado, y contrarrevoluciones que eran procesos rápidos de la élite gobernante para debilitar los procesos revolucionarios del opositor. Todo esto generó graves efectos que hoy todavía permanecen, y son las crisis de estabilidad que no permiten que el Estado ejerza autoridad en todo el territorio nacional, dándole espacio a diferentes grupos insurgentes para ejercer la autoridad y obtener la legitimidad de esa parte de la población que ha sido olvidada.

Aunque con la Constitución del 91 se da por primera vez una participación abierta de toda la población y una inclusión política, el Estado colombiano debe brindar garantías a la población para que participen en la toma de las decisiones y no sean perseguidos por sus ideas políticas. Además, debe acercarse a las regiones olvidadas, no sólo a través de la presencia militar sino también institucional, para que los excluidos conozcan y crean en sus autoridades y se arriesguen con la participación ciudadana, para debilitar a los grupos para-estatales que han sumergido al país en una historia de dolor y sangre, pero también para poder construir entre todos un verdadero Estado Social de Derecho.

2.2. Casos de connotación fiscal, disciplinaria y pena en Colombia,

Antes de finalizar el año, la Contraloría General de la República empezará a emitir fallos sobre los casos que han tenido amplia connotación fiscal, disciplinaria y penal en los últimos años.

Con base en documentos oficiales, El Espectador revisó los 10 procesos fiscales más importantes, en donde las autoridades estiman que hay la mayor cantidad de recursos públicos en entredicho.

Dicha revisión de los procesos da cuenta de la entidad afectada, el monto de los dineros en investigación, la génesis del caso, la afectación social y los principales vinculados.

Por ahora, los investigadores dan los últimos toques en la etapa final de la decena de procesos que comenzarán a definirse en los próximos días con el fallo de responsabilidad fiscal en el caso de la EPS SaludCoop.

En este último caso, uno de los vinculados interpuso una acción de tutela esta semana ante el tribunal administrativo de Cundinamarca por violación al debido proceso. Ese despacho notificó este jueves a la Contraloría y el asunto está a punto de resolverse. Si falla en favor de accionante, el proceso fiscal de SaludCoop EPS iniciaría de nuevo.

Los vinculados en los procesos han reiterado ante el organismo fiscal que no tienen responsabilidad alguna en las conductas que se investigan y están a la espera de la culminación de sus casos.

El Espectador presenta la radiografía de cada caso:

Caso 10: Agro Ingreso Seguro

Entidad afectada: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.

Monto estimado: $12.700 millones.

Génesis del caso

• Se investiga una supuesta gestión fiscal inoportuna e ineficaz por la posible pérdida de recursos del Programa Agro Ingreso Seguro en gastos distintos a difusión, divulgación y socialización de ciencia y tecnología.

• Según la investigación, la gestión fiscal pudo ser inoportuna e ineficaz por la supuesta pérdida de recursos, derivada de gastos distintos a los destinados para la administración de dineros para la ejecución, implementación y otorgamiento de los distintos apoyos, incentivos y demás instrumentos que integran el programa “Agro Ingreso Seguro (AIS)”. (Créditos al sector agropecuario)- Convenio 040 de 2010 suscrito con Finagro. (Se contrataron y pagaron entre otros el diseño, programación, implementación, mantenimiento y actualización del programa AIS; pendones y pasacalles de diferentes tamaños para promocionar el programa AIS; servicios de monitoreo a medios masivos de comunicación; camisetas de AIS; pocillos de AIS, entre otros)

Afectación social

Que los recursos que debieron ser invertidos en la divulgación y socialización de ciencia y tecnología, y cuyo objetivo era difundir entre los actores del sector agropecuario las técnicas y los usos agrícolas para mejorar la productividad, el desarrollo y los recursos presupuestados para incentivos hayan sido destinados a campañas publicitarias que buscaban resaltar la gestión de AIS, lo que impidió que los recursos llegaran a los productores agrícolas y en general al apoyo y mejoramiento del sector agrario.

Principales vinculados

-Andrés Felipe Arias Leiva, ministro de Agricultura y Desarrollo Rural.
-Andrés Darío Fernández Acosta, ministro de Agricultura y Desarrollo Rural. 
-Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA). 
-Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario (Finagro).

Caso 9: Empresa de Energía de Pereira (Enerpereira)

Entidad afectada: Empresa de Energía de Pereira (Enerpereira)

Monto estimado: $64.700 millones.

Génesis del caso

La capitalización de la empresa al momento de la adquisición del 49% de las acciones, el reparto de dividendos sobre utilidades brutas sin haber enjugado las pérdidas, además de la realización de inversiones del capital social en el Fondo Proyectar Valores.

Afectación social

El monto correspondiente al 51% de la Empresa de Energía de Pereira es de recursos públicos del municipio de Pereira. El hecho de haber repartido dividendos sin liquidación de deudas e invertido en un fondo de valores tiene en riesgo el patrimonio público.

Principales vinculados

-Israel Londoño Londoño. -Enertolima Inversiones S. A. -Adriana M. Wolff Cuartas. -Carlos A. Peña Bernal. -Jaime A. Herrera Agudelo. -Carlos A. Duque. -Édgar M. Galvis Lugo. -José M. Giraldo Barreto. -Gabriel A. Viveros Naranjo. -Juan M. Arango Vélez. -Álvaro D. García  Muñoz. -Álvaro Beltrán Alzate. -Guillermo L. Henao Flórez. -Gabriela Jaramillo Restrepo.
-Andrés H. Tamayo Guarín. -Diana M. Pulgarín Santa. -Jorge I. Zapata Escorcia. -Luis A. Ríos Velilla. -John J. Toro Ríos. -Manuel Nule Velilla. -Gabriel Gómez Gutiérrez. -Luis González López. -César Arango Isaza. -Empresa Capitalizadora del Tolima. -Kapital Energy.

Caso 8: Coomeva EPS

Entidad afectada: Ministerio de Salud.

Monto estimado: $146.900 millones.

Génesis del caso

Supuesta distorsión de las cuentas de costo por depreciación en propiedad, planta y equipo, así como en otros gastos que debieron ser asumidos por la entidad y fueron registrados como costos.

Afectación social

El efecto del uso supuestamente indebido de recursos de la salud, que se generó por manejos financieros y contables posiblemente ilegales, evidencia la supuesta falta de transparencia y la debilidad en los controles de las entidades prestadoras de salud, afectando a los aportantes del sistema, debilitando financieramente el sistema de salud, contribuyendo así al deterioro de la calidad de prestación del servicio y a su sostenibilidad financiera.

Principales vinculados

-Coomeva EPS
-Fernando Panesso Serna, gerente general de Coomeva EPS.
-Piedad Cecilia Pineda Arbeláez, gerente general de Coomeva EPS.
-Nilson Humberto León Ramírez.
-Sandra Moya Mendoza.
-Price Waterhouse Coopers Ltda. 
-Judith Chica Mosquera, revisora fiscal principal de Coomeva EPS.

Caso 7: Transmilenio calle 26

Entidad afectada: Instituto de Desarrollo Urbano (IDU)

Monto estimado: $156.000 millones.

Génesis del caso

Presuntas irregularidades en la celebración del contrato IDU número 137 de 2007, suscrito el 28 de diciembre, entre el IDU y la Unión Temporal Transvial, integrada por Tecnología e Ingeniería Avanzada S. A., Condux S. A., Megaproyectos S. A., Mainco S. A., Bitácora Soluciones Ltda. y Translogistic S. A. Dicho contrato corresponde al grupo de cuatro obras licitadas por el IDU mediante licitación pública número Idu-Lpdg022-2007.

Afectación social

Los bogotanos son las víctimas. Sus derechos a la movilidad y al buen uso del patrimonio público fueron vulnerados. En los actos de posible corrupción derivados de la contratación en la capital, especialmente provenientes de la construcción de la Troncal de Transmilenio sobre la calle 26. La afectada es la ciudadanía bogotana y la imagen institucional, que genera pérdida de credibilidad en la administración y en el sistema jurídico.

Principales vinculados

-Luis Eduardo Garzón
-Samuel Moreno Rojas
-Liliana Pardo Gaona
-Néstor Eugenio Ramírez Cardona
-Inocencio Meléndez Julio
-María Clemencia Cantini Ardila
-Luis Eduardo Montenegro Quintero
-Carmen Elena Lopera Fiesco
-Luis Esteban Prada Bretton
-Aldemar Cortés Salinas
-María Natalia Laurens Acevedo
-Carmen del Rosario Silgado Rodríguez
-Nicolás José Giraldo Bedoya
-Giovanny Adolfo Arenas Beltrán
-Manuel Francisco Nule Velilla
-Miguel Eduardo Nule Velilla
-Guido Alberto Nule Mariño

Caso 6: Vía Bogotá-Girardot

Entidad afectada: Agencia Nacional de Infraestructura (ANI)

Monto estimado: $170.800 millones

Génesis del caso

Presuntas irregularidades respecto a la ejecución del contrato para el diseño, construcción, rehabilitación, operación y mantenimiento del proyecto vial Bosa- Granada-Girardot, suscrito entre dicha entidad pública y la Sociedad Concesión Autopista Bogotá – Girardot.

Afectación social

Que la autopista Bogotá-Girardot cuente con retrasos e ineficiencias en su ejecución perjudica de manera inmediata a quienes transitan por la vía. Los retrasos incrementan la estructura de costos y de este modo afectan a futuro los recursos públicos provenientes de los aportes de los ciudadanos vía impuestos.

Principales vinculados

-Luis Carlos Ordosgoitia
-Álvaro José Soto García
-Alfredo Pérez Santos 
-Julio César Arango Garcés
-Álvaro Escalante Rodríguez 
-Juan Manuel Martínez Paz
-Manuel Francisco Nule Velilla
-Miguel Eduardo Nule Velilla
-Guido Eduardo Nule Mariño 
-Miguel David Bonilla España
-Jaime Fernando Ortiz Díaz
-Sociedad Concesión Autopista Bogotá-Girardot S.A.
-MVN S.A. en liquidación judicial
-Vergel y Castellanos S.A.
-Álvarez y Collins S.A.
-Ingenieros Proyectos Consultorías IPC SAS
-Enrique Dávila Lozano EDL SAS
-Consultoría Colombiana S.A.
-B & C S.A.

Caso 5: Recursos parafiscales de la salud

Entidad afectada: Ministerio de Salud

Monto estimado: $224.000 millones

Génesis del caso

Se derivaron de supuestas denuncias sobre posibles desvíos de recursos parafiscales del Sistema General de Seguridad Social.

Afectación social

El presunto desvío de recursos parafiscales, que es recaudado del aporte de los colombianos, afecta el derecho a la salud y la credibilidad de los ciudadanos en el sistema y en el Estado

Principales vinculados

-Consorcio Fidufosyga 2005
-Coomeva EPS 
-Cruz Blanca E.P.S.
-Famisanar E.P.S.
-Humana Vivir E.P.S
-Solsalud EPS
-Luisa Fernanda Bellini Pérez

Caso 4: Recolección de basuras en Bogotá

Entidad afectada: Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP)

Monto estimado: $348.000 millones.

Génesis de caso

El proceso de estructuración de la Licitación Pública 01 de 2011, que debió adelantar la UAESP para los servicios de recolección, barrido y limpieza de la ciudad de Bogotá. El desarrollo de actividades que hacen parte de las obligaciones pactadas con los operadores del servicio de aseo en los contratos de concesión. La contratación celebrada por la UAESP con recursos obtenidos vía tarifa, cubriendo gastos de funcionamiento por fuera del presupuesto aprobado y autorizado por la UAESP. El sistema de información integrado del Sistema de Información Integrado del Servicio de Aseo (SIISA).

Afectación social

Los bogotanos son los afectados, pues los recursos con los que se realizó la contratación fueron obtenidos de las tarifas que ellos mismos pagan por la recolección de residuos y se afirma que se destinaron a gastos no aprobados en el presupuesto de la entidad.

Principales vinculados

-Gloria Lucía de la Candelaria Ospina Sorzano
-César Augusto Villamil Gómez
-José Róbinson Gómez Trejos
-Fabiola Ramos Bermúdez
-Victoria Eugenia Virviescas Calvete
-Tanny Liliana García Lizarazo
-Gerardo Enrique Cuenca Melo
-Miriam Margoth Martínez Díaz
-Juan Carlos Junca Salas
-Fiduciaria Bancolombia.

Caso 3: Caprecom

Entidades afectadas: Ministerio de Salud y de Protección Social, FOSYGA, Ministerio de Hacienda y Crédito Público y Caja de Previsión Social de Comunicaciones (Caprecom).

Monto estimado: $559.500 millones

Génesis del caso

Presunta indebida financiación con proveedores, posible desvío de recursos por pagos de costas e intereses en embargos judiciales, auditorias médicas que no cumplen su objeto e indebida ejecución del objeto contractual y manejo inadecuado de recursos entregados bajo la modalidad de anticipos.

Afectación social

Se investigan posibles deficiencias en la administración de los recursos de la salud. El manejo de dineros provenientes del propio aporte de los usuarios para contar con un servicio de salud digno, la debilidad y el escaso desarrollo de los sistemas de autocontrol y vigilancia de las EPS. Los afectados son los afiliados, los agentes prestadores de salud y el sistema mismo.

Principales vinculados

-Carlos Tadeo Giraldo Gómez, director general de Caprecom en el período 18/11/2002 a 19/09/2010.

-Mario Andrés Urán Martínez, director general de Caprecom en el período 20/09/2010 a 20/09/2011.

-Fernando González Rodríguez, subdirector financiero de Caprecom en el período 30/01/2003 a 31/01/2011.

-Rafael Leonardo Páez Fuentes, secretario general (E.) de Caprecom.

-Moisés David Hernández Sánchez, secretario general de Caprecom desde el 11/07/2011 hasta el 15/12/2011.

-Claudia Catalina Beltrán, subdirector EPS (E) de Caprecom.

-Bdo Audit S.A. revisor fiscal, representada legalmente por Luz Marina Pérez Serna

-Asesorías y Servicios en Salud – Asalud Ltda, representada legalmente por Pedro Fabián Forero.

-Valencia Consultores y Outsourcing VCO S.A., representada legalmente por Fabio Alberto Valencia Bustamante.

Caso 2: IPS no habilitadas

Entidad afectada: Ministerio de Salud

Monto estimado: $943.900 millones

Génesis del caso

Pagos a Instituciones Prestadoras de Salud que según los registros no aparecen como habilitadas.
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Afectación social

Se afecta la red hospitalaria legalmente establecida, poniendo en riesgo su viabilidad financiera y, en consecuencia, la calidad de la prestación del servicio de salud a los usuarios.

Principales vinculados: Por determinar.

Caso 1: SaludCoop EPS

Entidad afectada: Ministerio de Salud

Monto estimado: $1,7 billones

Hecho generador

La supuesta utilización indebida y contraria a las normas de los recursos parafiscales del Sistema General de la Seguridad Social en Salud para fines distintos a los permitidos en beneficio de particulares.

Afectación social

Los afectados son los aportantes al Sistema de Salud y los beneficiarios del régimen subsidiado, la red hospitalaria, los profesionales y los prestadores de servicios de salud. Se vulnera el derecho a la salud, elemento determinante de la vida.

Principales vinculados

-Carlos Gustavo Palacino Antía, expresidente SaludCoop
-María Carolina Lamus, exdirectivo SaludCoop EPS 
-Alberto Castro Cantillo, exdirectivo SaludCoop EPS
-Javier Mauricio Sabogal Jaramillo, directivo SaludCoop EPS 
-Eugenio Mejía Serna, directivo Saludcoop EPS 
-Consultoría de Estrategias y Negocios S.A.
-Estudios e Inversiones Médicas S.A.