Aunque la corrupción en
Colombia procede desde la creación misma del Estado e incluso antes, es en la
actualidad cuando el problema parece acentuarse, y se devela la ineficacia de
las estrategias anticorrupción implementadas en el país a lo largo de su historia.
En el caso Colombiano, el
problema de la corrupción se ha venido manifestando desde el inicio de la
República, cuando Bolívar en 1819, propuso a los delegados del Congreso de
Angostura, la educación y la formación moral de los ciudadanos para purificar y
evitar los actos corruptos, creando así el poder moral de la República
constituida por dos cámaras: Cámara de la Moral y Cámara de la Educación. En el
mismo año, el General Santander fue más allá y propuso la pena de muerte para
los funcionarios públicos culpables de malversación de fondos. Inclusive desde
la época de la Colonia, los robos y las malas administraciones de los fondos de
la Real Hacienda eran ampliamente conocidos (Gamarra, 2005). En 1945, Jorge
Eliécer Gaitán emprendió una campaña de denuncia de sobornos, trámites
ilegales, tráfico de influencias, entre otras modalidades corruptas, basado en
lo que él denominó El principio de la restauración social de la moral. Durante
el Frente Nacional (1958-1974) y en los años posteriores, se presentó un
incremento de los niveles de corrupción con la expansión de la burocracia y los
monopolios del Estado. De igual modo, durante la década de los setenta, un
sinnúmero de Instituciones del Estado fueron y siguen siendo objeto de
denuncias de actos de corrupción.
La década de los ochentas no fue la
excepción, y la corrupción generalizada fue alimentada por el narcotráfico con
su secuela de violencia y terrorismo, por la amenaza guerrillera y por la
ineficiencia del sistema de administración de justicia (Gallón y Gómez, 2000).
Para los noventa y la década posterior, la corrupción había alcanzado límites
socialmente intolerables y un nuevo ingrediente se había sumado: los grupos de
autodefensas y su posterior desarticulación en Bandas Criminales (Bacrim), que llegan
hasta nuestros días.
Para algunos autores como
Fajardo (2002), esta persistencia de la corrupción en el país, está
condicionada por la herencia de las instituciones franco-españolas. El
personalismo, la falta de división de poderes y la falta de claridad en la
definición de los derechos de propiedad fueron causa de una administración de
justicia y de la hacienda pública con tendencias hacia la corrupción. Por eso
es bastante claro que su solución sea muy difícil, su diagnóstico sea
complicado, e inclusive su definición sea problemática (Gamarra, 2005).
Pese a los esfuerzos
realizados por el gobierno y por los organismos de control en materia
anticorrupción en los últimos años, especialmente desde la constitución de
1991, los resultados son aún insuficientes. Según investigación de Martha Badel
en 1999, la corrupción representa un costo anual para el país de
aproximadamente el 1% del PIB. Así mismo la corrupción es vista por los
colombianos como el factor más problemático para el país que impide hacer negocios,
según el Índice de Competitividad Global 2010-2011 elaborado por el Foro
Económico Mundial, en el que Colombia ocupa el puesto 68 entre 139 países
evaluados, y el 7° lugar entre países latinoamericanos.
En este sentido, las
estadísticas sobre Percepción de la Corrupción elaborado por Transparencia
Internacional, dan cuenta del repunte sobre la percepción de corrupción en el
país especialmente a partir del segundo periodo del presidente Uribe, e inicios
del actual, ubicándose nuevamente por encima de los promedios mundial y
latinoamericano.
El descenso observado para
el periodo 1998 – 2005, se podría explicar en parte, al sinnúmero de medidas
anticorrupción implementadas desde la Constitución Nacional de 1991 en el
gobierno de César Gaviria hasta el primer periodo del presidente Álvaro Uribe,
donde se destacan la creación de la Comisión para la Moralización y Eficiencia
de la Administración Pública (Decreto 1860/91); la promulgación del Estatuto
General de la Contratación de la Administración Pública (Ley 80/93) que
reemplaza el Decreto 222/83 considerado hasta entonces pieza central de la
contratación pública en Colombia; la creación de la Consejería Presidencial
para la Administración Pública (Decreto 2098/94); la promulgación del primer
Estatuto Anticorrupción (Ley 190/95);
La regulación del comercio electrónico y
firmas digitales (Ley 527/99); la creación del Programa Presidencial de Lucha
contra la Corrupción (Decreto 127/01); el Decreto 2170/02 con medidas para
combatir la corrupción, por el cual se reglamenta la Ley 80/93, el Decreto
855/94 y se dictan otras disposiciones en aplicación de la Ley 527/99; el
Decreto 519/03 por el cual se crea el Programa Presidencial de Modernización,
Eficiencia, Transparencia y Lucha contra la Corrupción, que reorganiza y
redefine funciones del anterior Programa Presidencial anticorrupción creado en
el gobierno de Andrés Pastrana.
Para el segundo periodo
del presidente Álvaro Uribe, la situación sobre corrupción en el país vuelve a
desmejorar, ante lo cual la administración entrante del presidente Juan Manuel
Santos promueve el proyecto de Ley 142/10 como nuevo Estatuto Anticorrupción,
aprobado por el senado, y debatido en estos momentos por el Congreso en Pleno,
el cual, pretende reversar la tendencia creciente de corrupción en el país y el
Distrito capital, cuyos escándalos ocupan reiteradamente las primeras planas de
los diarios y noticieros nacionales. De este nuevo esfuerzo se destacan medidas
sobre contratación, donde ex funcionarios de una entidad pública quedan
inhabilitados por dos años para contratar con la entidad para la cual
laboraron. En cuanto a lo penal, elimina la casa por cárcel, la libertad
provisional y se amplían los términos de prescripción en materia penal y
disciplinaria, por delitos contra la administración pública y defraudaciones al
patrimonio estatal. Regula el lobby y cabildeo frente al Congreso y al
Ejecutivo, para garantizar mayor transparencia, así como vuelve a redefinir
funciones del actual Programa Presidencial de Modernización, Eficiencia,
Transparencia y Lucha contra la Corrupción, para evitar conflicto de intereses.
Se crea la Comisión Nacional para la Moralización, que fortalece la
inicialmente creada en el gobierno Gaviria. Implementa el Plan Anticorrupción y
de Atención al Ciudadano, obliga a las entidades públicas a publicar
nacionalmente su Plan de Acción del año siguiente, y fortalece el Sistema de
Interventorías, entre otras medidas de lucha anticorrupción.
Este esfuerzo nacional,
sigue la tendencia internacional de lucha frontal contra la corrupción, sin
embargo “…la experiencia con estatutos anteriores en esta materia no ha sido la
mejor. Es un hecho que los corruptos se adaptan más rápidamente que las normas
que los identifican y persiguen” (El Tiempo, 2010). De todas, maneras es muy
poco lo que se puede esperar de la efectividad de esta iniciativa, cuando los
encargados de aprobarla, son los directamente implicados en el problema,
producto de un sistema electoral y judicial, permisivos.
En conclusión, la corrupción
en Colombia es un problema persistente desde los umbrales de su historia, con
periodos de mayor atenuación como el actual, donde las medidas hasta ahora
implementadas para combatirlas resultan muy insuficientes. Se requerirá de una
revisión integral de nuestro sistema político-económico, pues al parecer la
corrupción del país, es inherente al sistema.
La Corrupción en Colombia.
9 abril, 2011 | 2011 Abril, Boletines.
Édison Ortiz Benavides. Disponible
en: www.sobrepolítica.com
GLOSARIO:
ÉTICA Y CONFIANZA,
FUNDAMENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA.
EFICIENTE Y TRANSPARENTE
ENFOQUE CONCEPTUAL
La tradición racionalista asume la ética como un saber que se fundamenta y
se construye desde la reflexión filosófica, y que se traduce en un arsenal de
argumentos, en un elenco axiológico y en un sistema normativo, que deben ser
observados por las personas en su vida cotidiana para que su comportamiento
sea considerado ético, dentro de un modelo ideal de ser humano y de sociedad.
El desarrollo moral es visto, inclusive, como la expansión de la capacidad cognitiva
para argumentar y explicar la conducta seguida o a seguir, según principios
universales. Valores, prescripciones y argumentos racionales son, entonces, los
ejes que sostienen la formación ética que se diseña desde estas perspectivas.
Estamos convencidos de que el seguimiento riguroso de la metodología y
procedimientos consignados en el Modelo de Gestión Ética por parte de las
entidades públicas, permitirá mejorar en forma sustancial su clima organizacional
hacia más altos niveles de integridad y transparencia.
El Fundamento Ético
de la Función Pública:
Por Función Pública se entiende toda actividad temporal o permanente,
remunerada u honoraria, realizada por una persona natural en nombre del Estado
o al servicio del Estado o de sus entidades, en cualquiera de sus niveles jerárquicos .
También, en un sentido amplio, la función pública puede ser entendida como la
actividad del Estado ejercida con el fin de atender asuntos de interés público por
medio de sus servidores.
Las finalidades, características y condiciones para el ejercicio de esta función y
de la función administrativa del Estado, están determinadas por la Constitución
Nacional en sus artículo 2, 122 a 131 y 209, así como por la Ley 489 de 1998 y la
Ley 909 de 2004.
El concepto de Ética (del griego ethos: morada, costumbres, tradiciones) registra
una amplia gama de definiciones en la literatura filosófica. El DRAE (Diccionario
de la Real Academia Española), plantea cinco acepciones para los términos “ético
y ética”, entre ellos los de “recto, conforme a la moral” y “conjunto de normas
morales que rigen la conducta humana”.
Dado que los humanos somos seres eminentemente sociales que tenemos como
condición básica de existencia el convivir con otros, y que además como seres vivos
y en consecuencia como sistemas abiertos, no tenemos alternativa distinta que existir
en interacción con el entorno, aquí se asumirá la Ética como el conjunto
de principios, valores y normas del fuero interno que guían las conductas de
las personas en su interacción social.
TOMADO DE: http://mecicalidad.dafp.gov.co/documentacion/Componente%20Ambiente%20de%20Control/ModelodeGestionEtica.pdf
